Cambios legislativos

¿Qué debe saber tu comunidad sobre la inspección CAE y la ley de accesibilidad?

Las comunidades de vecinos están consideradas centros de trabajo cuando contratan empresas externas para realizar obras, reparaciones o servicios. Esto implica una serie de obligaciones legales que muchas veces se desconocen, como la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Pero ¿qué ocurre cuando estas intervenciones afectan a la accesibilidad del edificio? En este artículo te explicamos por qué es importante que tu comunidad esté preparada ante una inspección CAE, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de la ley de accesibilidad.
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La CAE y las comunidades: más que un trámite

La Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) es un procedimiento legal que obliga a coordinar a todas las empresas que intervienen en un mismo centro de trabajo. En el caso de las comunidades de propietarios, este “centro” son los espacios comunes: portales, ascensores, garajes, jardines... Si se contrata una empresa de limpieza, mantenimiento o reforma, la comunidad se convierte automáticamente en responsable de garantizar un entorno seguro y sin riesgos para los trabajadores externos.

¿Qué tiene que ver la CAE con la accesibilidad?

La relación es más directa de lo que parece. Cuando una comunidad inicia obras para adaptar el edificio a personas con movilidad reducida —como instalar una rampa o sustituir un ascensor— está sujeta a la legislación de prevención de riesgos laborales. Esto implica que, antes de empezar cualquier intervención, deben evaluarse los riesgos, entregarse los informes técnicos y cumplir con la documentación exigida. Si no se hace bien, la comunidad podría enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros en casos graves.

¿Está obligada mi comunidad a garantizar la accesibilidad?

Sí. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los edificios deben cumplir unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. A partir de 2017, cualquier vecino que lo solicite puede exigir que se adopten medidas razonables para garantizar su acceso y movilidad, siempre que no supongan un coste desproporcionado. Estas obras suelen coincidir con situaciones donde entra en juego la CAE, especialmente si intervienen varias empresas o profesionales.

¿Quién debe gestionar todo esto?

La figura del administrador de fincas es clave. Es quien debe garantizar que se cumpla la normativa CAE, que las empresas contratadas estén registradas correctamente, y que los informes técnicos estén en regla. Sin embargo, los vecinos también deben estar informados, ya que el incumplimiento puede acarrear responsabilidades económicas para toda la comunidad.

¿Qué pasa si no hay inspección, pero sí accidente?

El problema no es solo que la Inspección de Trabajo venga, sino que ocurra un incidente. Si una persona trabajadora sufre un accidente en la comunidad y no se ha hecho la coordinación CAE ni se han respetado las medidas de accesibilidad o seguridad, el seguro puede no cubrir los daños y los costes recaerían directamente sobre la comunidad.

Conclusión

La CAE y la ley de accesibilidad no son tecnicismos legales, sino protecciones reales para los vecinos y para quienes trabajan en sus comunidades. Ignorarlas no exime de su cumplimiento. Contar con un administrador que gestione bien esta documentación y una comunidad informada es la mejor garantía para evitar sanciones, proteger la inversión en accesibilidad y, sobre todo, asegurar un entorno seguro y digno para todas las personas.

Inés Arteaga Samalt integrados

Por: Inés Arteaga Samalt Periodista especializada en administración de fincas

Analiza la actualidad del sector, traduce la normativa y divulga herramientas digitales para mejorar la gestión de comunidades.

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