El conflicto suele empezar incluso antes de que se coloque el primer andamio. Muchos propietarios construyen su opinión a partir de una idea previa de cómo quedará el resultado final, cuánto durarán los trabajos o qué molestias implicarán. Cuando esa imagen mental no se ajusta a la realidad técnica, cualquier desviación —un plazo más largo, un acabado distinto o un ruido inesperado— se percibe como un fallo, aunque la obra se esté ejecutando correctamente. La gestión de expectativas es, en este punto, tan importante como el propio proyecto.
A este desajuste inicial se suma con frecuencia una información deficiente o mal dosificada. Explicar una obra únicamente en la junta y desaparecer después del mapa comunicativo es una receta segura para el conflicto. Las comunidades toleran mejor las incomodidades cuando saben qué está pasando, por qué ocurre y qué cabe esperar en cada fase. El silencio, en cambio, alimenta la desconfianza, da alas a los rumores y convierte cualquier incidencia en un problema mayor de lo que realmente es.
Otro punto crítico aparece cuando las decisiones adoptadas, aun siendo legales y necesarias, no se explican con claridad. Cambios técnicos sobrevenidos, ajustes de presupuesto o acuerdos aprobados por mayorías ajustadas pueden generar rechazo si los propietarios no entienden los motivos que los sustentan. En la práctica, la falta de pedagogía pesa más que la decisión en sí y acaba erosionando la convivencia.
Las obras, además, no impactan de forma homogénea. No todos los propietarios soportan las mismas molestias, ni ven afectado su día a día de la misma manera. Ignorar estas diferencias —entre viviendas y locales, entre residentes habituales y propietarios ausentes— suele generar una sensación de agravio que enquista el conflicto. Reconocer esa desigualdad y anticiparla en la comunicación no elimina el problema, pero sí lo desactiva en buena medida.
En este escenario, el papel del administrador de fincas es determinante. Su función no se limita a coordinar proveedores o ejecutar acuerdos, sino a ordenar la información, traducir lo técnico a un lenguaje comprensible y mantener una comunicación constante y verificable. Cuando esta mediación falla, el conflicto deja de ser estructural y pasa a ser personal, lo que lo hace mucho más difícil de resolver.
Conclusión
La mayoría de los conflictos derivados de las obras en zonas comunes no nacen de la obra en sí, sino de cómo se gestiona la información, las expectativas y las decisiones. Comunicar mejor no elimina las molestias, pero sí reduce de forma drástica la conflictividad. En comunidades cada vez más diversas y exigentes, la prevención sigue siendo la intervención más rentable.
